Francia ha iniciado desde hace algunos años un plan de modernización de las empresas, en particular en el marco de sus intercambios de datos comerciales. Esta modernización tiene como objetivo digitalizar principalmente todo lo relacionado con la facturación de las empresas y facilitar su intercambio a través de plataformas de desmaterialización de facturas.
Para implementar el proyecto de e-invoicing y e-reporting, el gobierno francés ha promulgado la Ley de Finanzas para 2021 con aplicación de una nueva regulación en 2026-2027. En esta ley, se mencionan nuevos actores: las plataformas de desmaterialización. Estas plataformas desempeñarán un papel clave en la transformación de la facturación y ayudarán al estado a cumplir con los 4 objetivos principales:
Se estima que la facturación electrónica permitirá a las empresas ahorrar un ahorro considerable de tiempo en la emisión de facturas.
Gracias a la e-facturación el estado podrá conocer en tiempo real la actividad de las diferentes empresas en Francia.
Hacer obligatoria la facturación electrónica para todas las empresas ayudará a los diferentes organismos encargados del IVA a mejorar la lucha contra el fraude de este impuesto.
La facturación electrónica no solo reducirá las cargas administrativas, sino que también facilitará la declaración del IVA.
Artéva con su solución Orchestrade® le acompaña en la implantación de la facturación electrónica dentro de su empresa. Con Orchestrade®, nuestra plataforma de facturación electrónica para socios, prepárese para la e-invoicing y el e-reporting.
Si usted es una empresa sujeta a la nueva normativa 2026-2027 y debe utilizar los servicios de una plataforma de desmaterialización para transmitir y recibir facturas electrónicas y compartir sus datos de transacciones y pagos con la administración, Póngase en contacto con nosotros ahora.
En el marco de la ordenanza para 2026-2027, intervendrán nuevos actores en los intercambios comerciales.
Todas las operaciones interempresariales relacionadas con la facturación, como la emisión y recepción de facturas, deberán realizarse a través de una plataforma de desmaterialización de facturas.
Estas plataformas de desmaterialización permitirán a las empresas intercambiar sus facturas electrónicas respetando los criterios específicos mencionados por esta ley: Todas las facturas emitidas y recibidas a través de una plataforma de desmaterialización deberán tener un formato estructurado específico para poder ser procesadas automáticamente por la plataforma.
En el marco de la ley de finanzas para 2026-2027, las empresas tendrán que recurrir a los servicios de plataformas de desmaterialización de facturas. Entre los diferentes tipos de plataformas, las empresas tienen varias opciones:
Una plataforma de desmaterialización es un actor intermedio que participa en los intercambios entre los proveedores y sus clientes. Tienen dos obligaciones principales:
1. Transmitir las facturas del proveedor al cliente en formato electrónico.
2. Extraer información y transmitirla a la administración tributaria para su control, como:
– Identificación del proveedor y el cliente;
– El importe libre de impuestos (HT) de la operación;
– El importe del IVA adeudado.
El Portal Público de Facturación es la plataforma del Estado que sirve para recoger todos los datos declarativos de las facturas intercambiadas en B2B, B2G o B2C con el fin de transmitirlos a la administración fiscal. El portal acepta 3 formatos de intercambio y puede procesar datos procedentes de la e-facturación o del e-reporting. Tiene funcionalidades que permiten temporalmente a las empresas que tardan en equiparse con una solución de desmaterialización, crear o introducir sus facturas en línea.
Un operador de desmaterialización es un proveedor de servicios de desmaterialización de facturas. Este proveedor opera en modo EDI o a través de un API e interviene en los intercambios comerciales como intermediario entre las empresas y las plataformas de desmaterialización.
A partir del 1 de septiembre de 2026, la recepción de facturas electrónicas será obligatoria en Francia para las grandes empresas y las empresas de tamaño intermedio (ETI). Para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y microempresas, esta obligación comenzará el 1 de septiembre de 2027. Todos los tipos de empresas deberán prepararse para la entrada en vigor de la Ley de Finanzas 2024-2026.
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