Varios factores contribuyeron a la decisión de la DGFiP de aplazar la aplicación de la reforma. Entre las razones aducidas figuran
- Preparación insuficiente de las grandes empresas: Alrededor del 25% de las grandes empresas declararon no estar preparadas para la fecha límite de 2024, lo que suscitó dudas sobre el éxito de la transición.
- Registro tardío de los PDP: El registro tardío de los PDP en relación con la fecha de entrada en vigor prevista creó problemas logísticos y administrativos.
- Complejidad de la fase piloto: La fase piloto resultó más complicada de lo previsto debido al gran número de 1.300 empresas solicitantes, lo que requirió más tiempo para realizar pruebas en profundidad.
- Problemas de comprensión del sistema de notificación electrónica: La falta de comprensión del sistema de notificación electrónica también se identificó como un obstáculo para la rápida aplicación de la reforma.
- Calendario inicial para el verano: El lanzamiento inicial previsto para mediados del verano se consideró inadecuado para una transición fluida.
- El PPF no está listo: Un punto crucial a tener en cuenta es que el PPF no estará operativo hasta otoño de 2024, lo que hacía imposible su implantación en julio.
No obstante, se siguen estudiando nuevos plazos. De hecho, la DGFIP está examinando actualmente un nuevo calendario para la aplicación de la reforma, teniendo en cuenta el desarrollo del PPF en 2024. El calendario propuesto es el siguiente
- 2025 – Se establecerá una fase piloto ampliada de un año de duración que permitirá realizar pruebas más profundas.
- 2026 – El despliegue de la reforma fiscal aplazada tendrá lugar en dos o tres fases, con la posibilidad de que se prolongue hasta 2027. Las fechas ideales para estas fases serían marzo y octubre de 2026.
El nuevo calendario de aplicación de la reforma fiscal aplazada se anunciará probablemente a principios de octubre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que será necesario un trabajo legislativo adicional para aclarar ciertos elementos. Por ejemplo, será necesario permitir el registro de los PPD sin exigir pruebas de interoperabilidad con el PPF, ya que de lo contrario las empresas no podrán anticipar su elección de PPD. Estos trabajos legislativos están previstos para el primer trimestre de 2024, garantizando así una aplicación más fluida de la reforma fiscal.
En conclusión, el aplazamiento de la reforma fiscal por parte de la DGFiP obedece a razones sólidas, destinadas a garantizar una transición fluida y eficaz para todas las partes interesadas. Los nuevos plazos previstos ofrecen una perspectiva realista de éxito en la aplicación de esta importante reforma.
