Varios factores contribuyeron a la decisión de la DGFiP de aplazar la aplicación de la reforma. Entre las razones aducidas figuran
- Preparación insuficiente de las grandes empresas: Alrededor del 25% de las grandes empresas no estaban listas para la fecha límite de 2024. Por ello, surgieron dudas sobre el éxito de la transición.
- Registro tardío de los PDP: El registro de los PDP ocurrió tarde en relación con la fecha de entrada en vigor. Esto generó problemas logísticos y administrativos.
- Complejidad de la fase piloto: La fase piloto fue más compleja de lo esperado debido a la participación de 1.300 empresas. Por esta razón, se necesitó más tiempo para realizar pruebas.
- Problemas de comprensión del sistema de notificación electrónica: Muchas empresas no comprendían el sistema de notificación electrónica. Esta dificultad obstaculizó la rápida aplicación de la reforma.
- Calendario inicial para el verano: El lanzamiento estaba previsto para mediados del verano. Sin embargo, se consideró inadecuado para una transición fluida.
- El PPF no está listo: Un punto crucial es que el PPF no operará hasta otoño de 2024. Por ello, su implantación en julio era imposible.
No obstante, se siguen estudiando nuevos plazos. De hecho, la DGFiP está examinando un nuevo calendario para la aplicación de la reforma. Este análisis considera el desarrollo del PPF en 2024. El calendario propuesto es el siguiente
- 2025 – Se establecerá una fase piloto ampliada de un año de duración que permitirá realizar pruebas más profundas.
- 2026 – El despliegue de la reforma fiscal aplazada tendrá lugar en dos o tres fases, con la posibilidad de que se prolongue hasta 2027. Las fechas ideales para estas fases serían marzo y octubre de 2026.
El nuevo calendario de aplicación de la reforma fiscal aplazada se anunciará probablemente a principios de octubre. Como consecuencia, las empresas tendrán mayor claridad para prepararse adecuadamente. No obstante, es importante tener en cuenta que será necesario un trabajo legislativo adicional para aclarar ciertos elementos clave.
Por ejemplo, se deberá permitir el registro de los PPD sin exigir pruebas de interoperabilidad con el PPF. De lo contrario, las empresas no podrán anticipar su elección de PPD, lo que podría generar complicaciones en el proceso. Por esta razón, estos trabajos legislativos están previstos para el primer trimestre de 2024. De este modo, se garantizará una aplicación más fluida y eficiente de la reforma fiscal.
En conclusión, la DGFiP aplazó la reforma fiscal por razones sólidas y bien fundamentadas. Su principal objetivo es garantizar una transición fluida y eficaz, minimizando riesgos y facilitando la adaptación de todas las partes interesadas. Gracias a esta decisión, los nuevos plazos previstos ofrecen una perspectiva más realista y estructurada para el éxito en la aplicación de esta importante reforma.
